En el último trabajo, de los que periódicamente presenta la Universidad Católica Argentina, a través de su Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, el tema es el que se menciona en el título de la presente nota.
Se trata del informe denominado "Empleo y Desarrollo Social", el que es elaborado por un equipo integrado por por los economistas Jorge Colina, Osvaldo Giordano y Marcelo Marzocchini, bajo la dirección de Patricio Millán.
La presentación del trabajo se hace mediante el siguiente comentario:
“La medida más común de desigualdad del ingreso es el coeficiente de Gini, que tiene valores entre 0 y 1. El primer valor corresponde a una situación de máxima igualdad, mientras que 1 corresponde a una máxima inequidad. El valor más reciente estimado para este coeficiente en la Argentina es de 0,49, que evidencia un nivel de desigualdad relativamente alto.
Como indicábamos en un número anterior de "Empleo y Desarrollo Social", el patrón regresivo de distribución del ingreso en la Argentina se ha mantenido relativamente estable a lo largo del tiempo. Hemos simulado la distribución de ingresos que existiría si no existieran las transferencias monetarias del Estado a las familias y encontramos que la desigualdad aumentaría levemente, con un coeficiente de Gini de O,54.
La Unión Europea antes de la intervención del Estado tiene una distribución del ingreso tan desigual como la de la Argentina. En este caso el coeficiente de Gini tendría un valor de 0,47. La intervención del Estado en la Unión Europea, principalmente a través de las transferencias monetarias a las familias, tiene un fuerte impacto distributivo y disminuye este coeficiente a un valor de 0,33, lo que se considera relativamente adecuado.
Las transferencias monetarias en la Unión Europea están fuertemente concentradas en los sectores más pobres, mientras que en la Argentina sólo un 22% de estas transferencias llegan a la mitad más pobre de la población.
La regla de beneficios prevaleciente en el sistema de seguridad social de la Argentina - similar a la que aplican los países desarrollados - está condicionada a la registración laboral. Ella no toma en cuenta que la informalidad laboral opera con mayor intensidad entre los pobres y por lo tanto los efectos distributivos del gasto público se diluyen y son bajos.
Como conclusión planteamos la necesidad de que el Estado asuma un compromiso efectivo para mejorar la equidad y reiteramos la necesidad de diseñar políticas públicas que tomen en cuenta la masividad del trabajo en "negro" que existe en la Argentina”.
Los lectores que quieran contar con la totalidad del informe, pueden solicitarlo gratuitamente a nuestra Redacción.
